Educación
incumple dos sentencias para implantar líneas en valenciano.
Los
servicios jurídicos de Escola Valenciana han presentado este
miércoles sendas demandas de ejecución de sentencia al Tribunal
Superior de Justicia para que puedan implantar una nueva línea de
enseñanza en valenciano los colegios Rei En Jaume de Xirivella y
Sant Critòfol, de Picassent, que consideran incumplidos por parte de
la Consejería de Educación los fallos del alto tribunal favorables
a las pretensiones en este sentido formuladas por las familias de
ambos centros, público el primero y concertado el segundo.
El Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó
sentencia el 11 de diciembre de 2012 favorable a la demanda de
familias del colegio San Cristòfol Màrtir de Picassent que
solicitaban oferta de enseñanza en valenciano para sus hijos. El TSJ
les dio la razón y obligó a la Consejería de Educación a
autorizar la aplicación del programa de enseñanza en valenciano
solicitada el 31 de marzo de 2009, que fue denegada. La sentencia
daba un plazo de un mes a la consejería para su ejecución, que se
cumplía a mediados de enero de 2013.
Escola
Valenciana recuerda que “han pasado más de dos meses y la
Consejería de Educación no ha dictado ninguna resolución
administrativa para llevarlo a cabo”. Además, añade, “ni los
recurrentes ni la dirección del centro han recibido ningún
emplazamiento, notificación o comunicación por parte de la
consejería". Idéntica suerte ha corrido la sentencia dictada
el 18 de febrero de 2013 por el TSJCV respecto a las familias del
colegio Rei en Jaume de Xirivella, que solicitaban su segunda línea
en valenciano.
-El
tribunal dio un mes a la consejería para dictar una resolución.
-Escola
Valenciana recuerda que "han pasado más de dos meses" sin
que Educación haya reaccionado.
La consejera
de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, ha asegurado
no tener "ningún problema" en cumplir las sentencias del
TSJCV que ordenan implantar líneas en valenciano en dos colegios de
Xirivella y Picassent, aunque ha apuntado que estas líneas deben
implantarse dentro del decreto de plurilingüismo.
La
fiscalía investiga el fichaje de profesores anglófonos a dedo.
El
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha pedido a la
Consejería de Educación datos sobre la contratación de 28
profesores extranjeros anglohablantes en institutos bilingües a
principios de curso. La fiscalía investiga esta contratación tras
una denúncia de UGT por supuesta prevariación contra la consejera
de Educación, Lucía Figar, y la expresidenta Esperanza Aguirre.
Madrid
contrató a docentes de Gran Bretaña e Irlanda en septiembre para
dar clases de gimnasia, tecnología y plástica. Todos fueron
fichados a dedo, sin un proceso de oposiciones, pese a tener
interinos españoles en lista de espera. Se incorporaron además a
los centros con nociones mínimas (o sin ellas) de español.
UGT denunció
la contratación de extranjeros en noviembre al entender que
incumplía los principios constitucionales de “igualdad, mérito,
capacidad y publicidad”. Tras la actuación de la fiscalía, el
sindicato se ha personado como acusación popular penal “para
intentar probar” que Aguirre y Figar “han actuado fuera de la
ley”, según UGT.
Feijóo
aconseja a Cataluña que copie el “bilingüismo cordial” gallego.
El
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si
otras comunidades con dos lenguas oficiales copiasen el "bilingüismo
cordial" gallego se podrían evitar problemas de
"judicialización" como los que se producen en Cataluña
con "familias que tienen que pedir amparo" ante órganos
jurisdiccionales.
Lo ha
manifestado tras fallar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TJSC) en varios autos en respuesta a recursos de reposición de
otras familias que la Consejería de Enseñanza de la Generalitat
debe introducir el castellano en las aulas donde esté escolarizado
el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención
en castellano.
El
presidente ha señalado que en Galicia se pide la "opinión"
a los padres sobre la lengua en la que sus hijos "van a estudiar
y a aprender a leer". "Y esa opinión es vinculante para el
actual Gobierno", ha subrayado Feijóo, convencido de que esta
medida "da resultados". Sin recordar que el TSXG decretó
ilegal que los padres elijan el idioma escolar. El pasado mes de
noviembre los magistrados echaron por tierra las cuestiones más
polémicas del llamado decreto del plurilingüismo que sacó adelante
el Gobierno de Feijóo con gran contestación social. El Superior
falló que los niños tienen que respetar la lengua en la que se
dirige a ellos el profesor en las asignaturas que se impartan en
gallego, y contestar en el mismo idioma. Además, el tribunal
considera nula la consulta que realizó la Consellería de Educación
a los padres hace dos años, y que provocó que en las ciudades
existan numerosos centros escolares donde los niños no oyen la
lengua gallega hasta cumplir los seis años.
A pesar de
ello, Feijóo ha enfatizado que en la Comunidad gallega se garantiza
"un bilingüismo cordial y real, con el 50 por ciento de las
clases en castellano y el 50 por ciento en gallego". "Si
esto lo hiciésemos en otras comunidades bilingües, no habría
judicialización, las familias no tendrían que acudir a la Justicia
y la cordialidad lingüística que se respira en las Calles de
Cataluña se podría llevar a las aulas", ha zanjado.
La
solución debe ser política.
El último
auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es más que la
culminación del sinsentido en el que nos metió la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Primero, el legislador
catalán cometió el error de plantear la vehicularidad del catalán
como un derecho de los alumnos en lugar de hacerlo como una opción
democráticamente tomada por los poderes públicos. A continuación
el TC dijo que si existía el derecho a recibir la enseñanza en
catalán también existía un derecho análogo a recibirla en
castellano. Y después el Supremo completó la faena reclamando la
“reintroducción” del castellano como lengua vehicular en la
enseñanza. El TSJC se ha limitado ahora a matizar que la
reintroducción solo debe afectar a las clases que frecuenten los
alumnos que pidan la enseñanza en castellano.
Digámoslo
claro: el embrollo en que nos hallamos no tiene solución jurídica.
El derecho a recibir (toda) la enseñanza en catalán es incompatible
con el derecho a recibirla (toda) en castellano; ciertamente, si el
alumno X que solicitó la enseñanza en castellano determina que esa
sea la lengua para toda la clase, sus compañeros, que no solicitaron
lo mismo, ven menoscabado su derecho a recibirla en catalán (un
derecho, no lo olvidemos, protegido por una ley orgánica del Estado,
cual es el Estatut). Los derechos son incompatibles, claro está, a
menos que se ejerzan en aulas separadas, algo que además de ser muy
caro está prohibido por la ley de normalización de 1983, la de
política lingüística de 1998, el Estatut de 2006 y la ley de
educación de 2010. La única solución del conflicto es política.
Se trata de pactar entre unos y otros una vuelta a lo que dictaminó
el TC no en 2010 sino en un lejano 1994: el catalán como “centro
de gravedad” del sistema educativo “en atención al objetivo de
la normalización lingüística en Cataluña” (es decir, como
opción tomada por el legislador, no como derecho de los alumnos),
“siempre que ello no determine la exclusión del castellano como
lengua docente”.
Dado que el
ministro Wert y la consejera Rigau no parecen las personas más
indicadas para llegar acuerdos, acaso hará falta que, en su próxima
reunión secreta, Rajoy y Mas aborden también este asunto. A menos
que ninguna de las partes quiera renunciar a la evidente rentabilidad
política que supone mantener abierto el frente lingüístico.
Wert
dice que basta buena voluntad para aplicar las sentencias sobre el
catalán.
El ministro
de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado este miércoles en el
Congreso que el límite para el acuerdo con Cataluña sobre la
enseñanza en castellano implica respetar al Tribunal Constitucional.
"No es tan difícil y es lo que intentamos conseguir en la LOMCE
[la reforma educativa que impulsa el Gobierno]. Basta un acto de
buena voluntad y habilitar un mecanismo que permita cumplir estas
exigencias, según las cuales la inmersión lingüística es conforme
al Tribunal Constitucional para conseguir este objetivo", ha
sentenciado en la sesión de control al Gobierno.
Wert, que ha
defendido que la lengua no debe utilizarse para hacer política, ha
aclarado de esta manera que la resolución judicial del TSJC no dice
que, porque un alumno lo pida, toda la clase deba ser escolarizada en
castellano. "Que el castellano se utilice como en la proporción
que proceda dado el estado de la normalización lingística alcanzado
por la sociedad catalana, una proporción que corresponde decidir al
Gobierno de la Generalitat", ha dicho. Además, Wert ha
puntualizado que debe darse "una utilización proporcional y
equilibrada de las dos lenguas".
Privilegios
sobrentendidos
No deja de
ser un privilegio para mí poder ir a Cataluña y que me entiendan
cuando hablo. También consideraría un privilegio, en el caso de
quedarme a vivir ahí, el poder aprender correctamente catalán, pues
toda lengua aprendida te enriquece, y cuanto más fluidamente la
entiendas y te expreses, mejor comprendes lo que te rodea.
No
deja de ser un privilegio también que una sociedad tenga la
capacidad de enseñar a sus niños a hablar perfectamente varias
lenguas. Por los niños nunca va a quedar, no tienen límite. La que
acaba siendo incapaz es la sociedad, aunque tenga los medios a su
alcance, y sobre todo sus dirigentes, que convierten un privilegio en
un arma sociológica y política.—Francisco
Javier Sáez-Benito Suescun.
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